Visión
Ser la opción de movilidad preferida por su eficiencia, sostenibilidad y servicio.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, creado por la Ley Nº 7001, del 19 de setiembre de 1985, es una institución de derecho público, con autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, y se rige por las disposiciones establecidas en dicha ley y sus reglamentos, así como en las leyes que la complementen.
Entre 1990 y 1995, la actividad ferroviaria se vio sumida en una profunda crisis económica, por las altas deudas que no se podían cubrir. Se decide realizar un “cierre técnico”, suspendiendo los servicios del ferrocarril en todo el territorio nacional. A los trabajadores se les paga la cesantía y solo quedan algunos para salvaguarda de los activos ferroviarios. Este cierre se efectúa mediante el Acuerdo SCD-106-95 del 28 de junio de 1995, dictado por el Consejo de Gobierno del entonces Presidente de la República, Ing. José María Figueres Olsen.
El Gobierno del Lic. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, emite el Decreto Nº 035 del 9 de setiembre de 1998, acordando la Reanudación de la Actividad Ferroviaria en el transporte de personas y carga, comenzando por la región Atlántica y en las demás regiones donde se estimase oportuno.
El 7 de junio de 2016, se aprueba en la Asamblea Legislativa la nueva Ley para el “FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTERURBANO DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA”.
Destaca en dicha ley la reforma al inciso a) del artículo 3º de la Ley 7001 que establece como objetivo del INCOFER “…Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Además, podrá prestar servicios conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten la prestación de los servicios de transporte a su cargo…”.
Los esfuerzos de reactivación gradual de los servicios han dado frutos, lo cual se evidencia en las estadísticas de evolución de los servicios de transporte de pasajeros, carga y turistas de los últimos años:
